Sistema Jurídico Fiscal

Contar con un Sistema Jurídico Fiscal adecuado es asegurar un equilibrio entre la recaudación de ingresos públicos y la protección de los derechos de los contribuyentes, promoviendo así el desarrollo económico, la equidad social y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Nota: Elaboración propia.

El fin de contar con un Sistema jurídico fiscal es la recaudación de impuestos, debido a que cuenta con la autoridad para reclamar el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del contribuyente para con el Estado o de comparecer ante el mismo en el caso de requerirse (Negocios, 2024).

Leyes supletorias

La supletoriedad de las normas opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que es necesario acudir a otro cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de leyes aplica solo para integrar una omisión en la Ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales contenidos en otras leyes; cuando la referencia de una Ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera Ley que la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. 

Las leyes supletorias son aquellas normativas que se aplican en ausencia de disposiciones específicas en una materia determinada. En el Derecho Fiscal en México, las leyes supletorias juegan un papel importante en la interpretación y complementación del marco normativo establecido por las leyes fiscales específicas, por ejemplo:

• Leyes generales
• Leyes civiles, 
• Leyes comerciales o administrativas

Un ejemplo de ley supletoria en el Derecho Fiscal mexicano es el Código Fiscal de la Federación, el cual establece disposiciones generales que se aplican en materia tributaria cuando no existen normas específicas en las leyes fiscales particulares, el Código Civil Federal y otras leyes civiles y comerciales también pueden ser utilizadas como leyes supletorias en la interpretación de aspectos fiscales, especialmente en cuestiones relacionadas con contratos, obligaciones y responsabilidades.(contraloría, 2024)

Ordenamiento jurídico del Derecho Fiscal en México

El ordenamiento jurídico en México se refiere al conjunto de normas, leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y jurisprudencia que regulan las relaciones entre el Estado mexicano y los contribuyentes en materia tributaria,  con el fin de garantizar la equidad, la legalidad y la eficiencia en la recaudación de impuestos y en la gestión fiscal del país.

Este sistema legal establece los derechos y obligaciones de ambas partes, así como los procedimientos y mecanismos para la recaudación de impuestos, la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El ordenamiento jurídico fiscal en México está compuesto:

Fracción IV del artículo 31, fracción XXIX del artículo 73, 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Clasificación del Derecho Fiscal

• Derecho fiscal material: Se ocupa de las normas jurídicas que sostienen la disciplina tributaria de una nación.

• Derecho fiscal formal: Serie de pasos y normas que el Estado debe seguir para liquidar el tributo. 

• Derecho constitucional tributario: Conjunto de principios y normas constitucionales que rigen la tributación. Estudia las normas fundamentales que regulan el ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentran en las cartas constitucionales.

• Derecho procesal fiscal: Es la rama a la que se acude para casos como la determinación de una obligación tributaria y su monto, la aplicación de sanciones y los procedimientos que se deben seguir para solicitar al fisco la devolución de cantidades indebidamente pagadas, entre otros.

• Derecho penal tributario: Conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas ilícitas en el ámbito fiscal. 

Introducción

En México, el ordenamiento jurídico desempeña un papel fundamental en la regulación fiscal, en este sentido, el Derecho Fiscal emerge como un pilar esencial, delineando las normativas y procedimientos que rigen la relación entre el Estado y los contribuyentes. La importancia de contar con un ordenamiento jurídico en materia fiscal trasciende los ámbitos meramente legales, incidiendo directamente en la estructura y funcionamiento de la sociedad en su conjunto.

En el contexto específico de México, el ordenamiento jurídico del Derecho Fiscal se encuentra integrado por disposiciones legales, reglamentarias y jurisprudenciales que delinean los derechos y obligaciones de los contribuyentes ante el fisco. Este sistema se clasifica en diferentes niveles, desde la Constitución Política hasta las disposiciones administrativas de carácter secundario, sin dejar de lado la influencia de las leyes supletorias que complementan y enriquecen el marco normativo.

El fin de contar con un Sistema Jurídico Fiscal sólido radica en garantizar la equidad, la transparencia y la eficiencia en la recaudación de impuestos, así como en promover el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, este sistema no es estático, debido a los cambios que surgen en la economía, por ello existe una continua reforma en el ámbito jurídico-fiscal, orientadas a optimizarlas y adecuarlas a las necesidades del momento.

Dentro de este marco normativo, se destaca la Resolución Misceláneas Fiscal, la cual constituye un instrumento fundamental para la interpretación y aplicación de las disposiciones fiscales, proporcionando lineamientos claros y actualizados para los contribuyentes y la autoridad fiscal.

El vínculo entre el Derecho Fiscal y otras ramas del derecho, como el Derecho Penal y el Derecho Aduanero, es innegable por la interrelación entre estas disciplinas se manifiesta especialmente en la persecución y sanción de los delitos fiscales, los cuales representan una vulneración de las normas tributarias con implicaciones legales y penales.

Por ende, el estudio y comprensión del ordenamiento jurídico en materia fiscal no solo resulta indispensable para los profesionales del derecho y la contaduría, sino que también revisa una relevancia trascendental para cualquier individuo o entidad que participe en la vida económica y social del país. La utilidad práctica de esta actividad de aprendizaje se traduce en la capacidad de desenvolverse de manera informada y ética en un entorno fiscal cada vez más complejo y exigente.